INDH cuestiona dichos del general Cuellar: “No es el lenguaje que se espera de un militar chileno”
El director del organismo, Sergio Micco, emitió una declaración en la que lamentó y condenó «la muerte violenta de dos chilenos» en la macrozona sur. Además, anunció que el INDH constituirá una oficina en terreno en la provincia de Malleco para observar el cumplimiento del «Estado de derecho y la ley al momento de garantizar el pleno respeto de los DD.HH».
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, emitió una declaración en la que lamentó y condenó “la muerte violenta de dos chilenos”.
“Se trata de dos casos más de fallecidos de manera trágica en las regiones de Biobío y La Araucanía”, afirma el documento.
Además, el comunicado detalla que desde el informe de violencia rural de 2016, el organismo ha sostenido que “el Estado de Chile está incumpliendo gravemente su deber de garantizar derechos tan fundamentales como el derecho a la vida”.
Asimismo, el INDH solicita que el Ministerio Público dé a conocer “lo más prontamente posible” las circunstancias que rodearon estos hechos, que Chile lamenta y condena”.
“La violencia debe parar y el uso de la fuerza física legítima debe respetar las normas internas y del derecho internacional de los Derechos Humanos”, enfatiza.
En ese sentido, expresa su preocupación ante las declaraciones del jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, quien emplazó a quienes calificó de “cobardes” a enfrentarse con las Fuerzas Armadas.
“Éste no es el lenguaje que se espera de un militar chileno. No ayuda en nada a hacer respetar el Estado de Derecho, al que se le presenta como el ejercicio de una fuerza militar beligerante”, profundiza.
Por otro lado, la misiva sostiene que las palabras del general Cuellar confirman que el Ejército no está llamado a cumplir funciones policiales. “Carecen de equipamiento, medios pertinentes o capacidad adecuada”.
Finalmente, anuncia que la próxima semana el INDH constituirá una oficina en terreno en la provincia de Malleco, con el objetivo de “observar si se cumple el Estado de derecho y la ley al momento de garantizar el pleno respeto de los DD.HH”.
Fuente: cnnchile